● La activista y superviviente señaló que la Ley Malena es un avance para todas las
víctimas, pero ahora los jueces y otras autoridades públicas deben garantizar justicia en
sus casos.
● Con Veracruz ya son quince entidades donde la violencia ácida ya es castigada.
A cuatro años de ser atacada con sosa cáustica, Carmen Márquez, activista y superviviente exigió a las
autoridades atender su caso y el de todas las mujeres víctimas de ataques con ácido.
En conferencia de prensa con motivo de la aprobación de la Ley Malena —que castiga este tipo de
ataques con hasta 30 años de prisión—el día de ayer, Márquez relató su experiencia como víctima
cuando el 6 de octubre de 2020 fue atacada por hombre mientras salía de su trabajo en la colonia
Moctezuma de la ciudad de Xalapa.
El caso de Carmen, como ha sucedido con otras de las 48 víctimas registradas a nivel nacional, ha
sufrido la presión constante de sus agresores quienes han advertido gozar de impunidad debido a sus
conexiones políticas, amenazado a las víctimas y su familia e incluso, como sucedió en el caso de
Leslie Moreno en Hidalgo, han llegado a asesinar a los testigos clave de sus casos.
Desde enero de 2023 cuando se presentó originalmente la Ley Malena en el Congreso de la Ciudad de
México, Marcela Fuente ha sido junto a la saxofonista María Elena Ríos — quién presta nombre a la
Ley — la principal promovente nacional de la nueva disposición que ahora es realidad en los estados
de Baja California, Campeche, Ciudad de México, Colima, Hidalgo, Nayarit, Guerrero, Oaxaca,
Sinaloa, Puebla y Quintana Roo y Veracruz.
Fuente Castillo explicó que la iniciativa de Ley que promueven es una de las más avanzadas a nivel
América Latina porque no tipifica este tipo de ataques como lesiones, sino que lo equipara a tentativa
de feminicidio y contempla la reparación del daño, aspecto fundamental de cualquier ley de víctimas.
“Cómo somos víctimas que no morimos desgraciadamente se cree que porque caminamos, corremos,
funcionamos, hablamos, creen que por eso no necesitamos justicia. Pero ciertamente esto no son
lesiones” explicó Carmen Márquez.
La ley presentada a nivel local por la Dip. Itzel López contempla penas de 8 a 12 años de prisión, que
podrían alcanzar los 30 años considerando agravantes. Adicionalmente, se obliga a las autoridades a
llevar un registro con la información y estadísticas sobre las personas víctimas de violencia ácida,
tarea que estará a cargo de la Secretaría de Salud estatal. Asimismo, establece la responsabilidad del
Estado de garantizar a las víctimas la reparación integral del daño, y decretar las medidas de
protección necesarias.
Los ataques contra Carmen Márquez no se limitan a dicha fecha. Con anterioridad, la sobreviviente
señaló que su casa había sido atacada con bombas molotov en 2018 y en 2019, se le amenazó con
difundir contenido íntimo sin embargo, los jueces y fiscalías se habían negado iniciar proceso ante
estos hechos.
“La aprobación de la Ley no significa que el trabajo se haya acabado. Tenemos que dar seguimiento a
las responsabilidades del sector salud y cerciorarnos de que los procesos se lleven a cabo