Xalapa Enríquez ver. – hoy martes 16 de diciembre de 2025, Dio conferencia de prensa El partido del Trabajo (PT) que preside el comisionado estatal el Lic. Vicente Aguilar Aguilar : Esto dice en su comunicado emitido hoy : respalda la determinación anunciada por la compañera gobernadora. Ing. Rocío Nahle García en dar de baja y proceder legalmente contra quienes, de manera indebida, cobraban salarios en dos y hasta tres dependencias del gobierno del Estado, una práctica ilegal que durante años fue tolerada y que lesionó gravemente las finanzas públicas. La implementación de la nómina única estatal ha permitido visibilizar un problema estructural que no puede minimizarse ni tratarse como un asunto administrativo menor. Este tipo de prácticas son expresión de viejas inercias que se enquistaron en la administración pública y que durante décadas desviaron recursos que debieron destinarse al bienestar social. El PT considera indispensable que este proceso se traduzca en un precedente claro de orden y legalidad, para que el servicio público recupere su sentido social y se restablezca la confianza ciudadana en el manejo honesto de los recursos del pueblo veracruzano.
Asimismo, aplaudimos las acciones emprendidas por el gobierno del Estado para investigar y combatir un presunto cártel inmobiliario que habría operado en distintas zonas de la entidad, entre ellas Xalapa, Coatepec y Perote; afectando directamente el patrimonio de familias veracruzanas. La administración estatal ha asumido el tema con seriedad y determinación al reconocer públicamente la existencia de denuncias y llevar el caso a la mesa de seguridad. La instrucción de la gobernadora Rocío Nahle García, de revisar la actuación de notarios y jueces que pudieran estar involucrados refleja una clara voluntad de combatir prácticas ilegales y garantizar el respeto a la ley; lo que demuestra que no existe intención de ocultar ni minimizar la gravedad de los hechos sino asegurar investigaciones claras y apegadas a derecho, con el objetivo de consolidar la confianza ciudadana.
En otro contexto; el Partido del Trabajo refrenda su compromiso con la prevención y la protección de la vida al respaldar la Iniciativa presentada por el diputado petista Prof. Ramón Díaz Ávila, para establecer como obligación legal que los 212 ayuntamientos del Estado cuenten con Atlas de Riesgos y Mapas Comunitarios de Riesgos. Durante años, la ausencia de estos instrumentos ha evidenciado una cultura reactiva frente a los desastres, con consecuencias lamentables para las comunidades más vulnerables. Esta propuesta coloca la prevención como eje central de la gestión municipal y establece responsabilidades claras para las autoridades locales desde el inicio de su mandato. No se trata de un trámite administrativo sino de una herramienta estratégica para anticipar riesgos, reducir daños y salvar vidas. El PT sostiene que ningún gobierno municipal puede alegar desconocimiento frente a fenómenos que se repiten año con año.
Con la aprobación el día de ayer del Presupuesto de ingresos 2026 por parte del Congreso del Estado, el cual asciende a 177 mil 408 Millones, 439 mil, 386 pesos, el Gobierno que encabeza la gobernadora Rocío Nahle García, tendrá la oportunidad histórica de generar inversión en infraestructura, seguridad, desarrollo social y educación entre otros rubros. La entidad requiere atención en muchos aspectos, pero este presupuesto prioriza la atención con impulso y acciones a problemas sociales que afectan a la mayoría de la sociedad. La responsabilidad en el manejo de los recursos públicos, así como la transparencia en su ejercicio, son los aspectos relevantes de este presupuesto.
Con respecto a la secretaría de Salud; el PT exhorta dar mejor atención, así como medicamentos para la población veracruzana ya que existen muchas quejas de la población donde manifiestan que son tratados mal por el personal y que no hay medicamentos; según el secretario de salud, se están atendiendo todas las necesidades en todas las unidades de salud, pero los propios médicos y enfermeras dicen todo lo contrario, para no ir muy lejos vayan al hospital Nachón o el CAE Dr. Rafael Lucio, el secretario no puede fallarle al pueblo ni a la confianza dada por la gobernadora.
Cabe mencionar que, la fiscalía general del Estado iniciará sus labores a partir del anuncio realizado por la fiscal Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, quien dio a conocer que sostendrá encuentros directos con madres, padres y familiares de los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, colocando la atención a las víctimas como una prioridad central.
Desde el Partido del Trabajo se valora este ejercicio de apertura y cercanía, que muestra sensibilidad ante el dolor y las demandas de quienes han buscado verdad y justicia durante años, así como la trayectoria de la nueva fiscal en el Poder Judicial y su experiencia previa en el trabajo con víctimas y organizaciones de la sociedad civil. De igual manera, se respalda la explicación clara que ofreció sobre el proceso del examen de control y confianza, precisando que este se aplica una vez asumido el cargo y que será cumplido conforme a lo que establece la ley, lo cual refleja su disposición a conducirse con transparencia y apego a la legalidad. El Partido del Trabajo considera fundamental mantener un diálogo constante con los colectivos.
Por último, resulta profundamente preocupante que un tribunal federal haya tenido que intervenir para obligar a los Servicios de Salud de Veracruz a transparentar los resultados de los análisis de calidad del agua en instalaciones operadas por el Grupo MAS, evidenciando una omisión grave en un tema que impacta directamente en la salud y la vida de la población. En el marco de la Cuarta Transformación, la opacidad y la simulación no tienen cabida, aún menos cuando se trata de garantizar un derecho humano fundamental como el acceso al agua potable segura. Resulta inadmisible que la ciudadanía haya tenido que recurrir a un juicio de amparo para conocer información que debió ser pública, verificable y oportuna desde el inicio. Desde esta posición política, se exige el cumplimiento puntual del mandato judicial, la transparencia de los resultados de las inspecciones y el deslinde de responsabilidades por la omisión institucional que permitió esta falta de información. La transformación no se construye con silencios administrativos, sino con verdad, rendición de cuentas y una actuación firme del Estado en defensa del interés público.