Xalapa, Ver., Hoy martes 16 de junio de 2026.- En el Partido del Trabajo (PT) sostenemos que, en la vida pública las acusaciones por la vía de las versiones mediáticas no pueden sustituir a las pruebas, ni colocarse por encima de la verdad jurídica. Lo anterior, ante los señalamientos difundidos sobre una supuesta investigación de Estados Unidos en contra de la compañera gobernadora Rocío Nahle García, sobre sus cuentas y patrimonio. Debe prevalecer un principio elemental de legalidad: en política, como en el derecho, quien acusa está obligado a probar. La libertad de expresión debe respetarse plenamente, pero no puede utilizarse para instalar sospechas, mal informar, afectar instituciones o sustituir los hechos por especulaciones. Veracruz requiere debate político serio e información verídica que llegue a la ciudadanía con responsabilidad y respeto, no campañas construidas desde la calumnia. La verdad pública se acredita con hechos, se sostiene en la ley y debe servir siempre al pueblo.
En otro contexto; consideramos pertinentes los lineamientos emitidos por la Secretaría de Finanzas y Planeación, encabezada por Miguel Reyes Hernández, a efecto de que los ayuntamientos transparenten sus pasivos y acrediten con claridad el estado real de sus haciendas públicas. La rendición de cuentas no es un trámite menor, sino una obligación democrática frente al pueblo, que tiene derecho a conocer cómo se administran los recursos y qué compromisos financieros asumen sus gobiernos, toda vez que, la autonomía municipal debe ejercerse con responsabilidad, no como pretexto para ocultar deudas que después recaen sobre la ciudadanía. Cuando un municipio administra mal sus recursos, no sólo afecta balances contables, sino que también pone en riesgo el agua, el alumbrado, la obra pública, la seguridad y la atención de sus comunidades.
En el Partido del Trabajo creemos que, la fiscalización sólo tiene sentido cuando deja de ser expediente y se convierte en justicia para el pueblo. Luego de que la auditora general del ORFIS, Delia González Cobos, señalara que las órdenes de aprehensión por denuncias de daño patrimonial corresponden ya a la Fiscalía General del Estado, resulta indispensable que cada institución asuma plenamente la responsabilidad que la ley le confiere. No se trata de invadir competencias, sino de impedir que los recursos públicos dañados queden atrapados en tiempos administrativos o respuestas incompletas. Cuando existe presunto daño patrimonial, lo que está en juego no es sólo una cuenta pública, sino el dinero que debió servir a las comunidades. La legalidad no puede diluirse entre trámites.
Cabe mencionar que, es indispensable revisar con mayor firmeza las prácticas de aseguradoras como Seguros Banorte y otras empresas del sector que, frente a señalamientos de usuarios por negativas, deducibles excesivos, trámites prolongados y condiciones contenidas en las llamadas letras chiquitas, deben responder con claridad y responsabilidad. No puede cobrarse una póliza como protección y convertirla, al momento de la urgencia, en un obstáculo para las familias. Las empresas que se presentan como socialmente responsables no pueden reducir esa responsabilidad a discurso publicitario, mientras dejan en indefensión a quienes confiaron en ellas para proteger su salud, patrimonio o tranquilidad familiar. La utilidad privada tiene límites cuando afecta la dignidad de las personas. Ningún interés económico debe colocarse por encima de la justicia social y la protección del pueblo trabajador.
Con respecto a la Secretaría de Salud, hacemos un llamado para que se pongas las pilas; toda vez que, la falta de medicamentos, materiales para curación y equipo es una constante en muchos de los hospitales del sector salud en el Estado, por lo que exhortamos a las autoridades para equipar a los hospitales, centros de salud y surtir los medicamentos que tanta falta le hace a la población veracruzana. Los festivales son importantes porque la derrama económica que se generan por ese tipo de actividades, pero la salud debe ser prioridad en el gobierno federal y estatal, por lo tanto, esperamos una pronta respuesta a favor de la sociedad, ya que, justamente en tiempos de lluvia se dan muchas enfermedades empezando por el dengue y otros males por la época.
Por último, la ciudadanía nuevamente se encuentra inconforme con el servicio público que reciben por parte de la operadora de agua potable «Grupo MAS» qué opera en la zona del puerto de Veracruz, pues en lo que va del 2026 varías escuelas, así como la comunidad en general se han visto afectados con el corte del suministro de agua potable por varios días y el recibo llega por cantidades excesivas afectando la economía de la población. Al respecto, la alcaldesa Rosa María Hernández informó que continúan las acciones para la revocación de la concesión revisando las quejas para tener argumentos sólidos que respalden las acciones en contra de la empresa. Exhortamos a revisar detenidamente la calidad del servicio que se da, no se puede cobrar un servicio qué no se brinda y menos con cantidades tan elevadas; apoyamos toda acción que sea en beneficio de la población.