Xalapa, Ver., Martes 17 de febrero de 2026.- El Partido del Trabajo (PT) reconoce a las y los diputados del Congreso del Estado pertenecientes a la Coalición de la Cuarta Transformación (4T) con el trabajo legislativo que han venido realizando, mismo que fortalece la labor de la compañera gobernadora Rocío Nahle García; al brindarle herramientas jurídicas que dinamizan el ejercicio público. Sin duda alguna, el trabajo de coordinación y unidad que impulsa desde el inicio de esta Legislatura el presidente de la Junta de Coordinación Política, el Diputado Esteban Bautista, es un factor para que las reformas aprobadas lleven el consenso no solo de los diputados aliados de la Coalición, sino que de manera responsable de algunos diputados de otros Partidos. Una muestra de ello fue los nombramientos recientes de los titulares de la fiscalía general y la comisión estatal de derechos humanos.
Asimismo, en el Partido del Trabajo reconocemos como un acto de responsabilidad pública la decisión del Congreso del Estado de solicitar al órgano de fiscalización superior una auditoría a la empresa Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (Grupo MAS), concesionaria del servicio en el municipio de Veracruz. La revisión a partir del ejercicio 2022 permitirá verificar el cumplimiento de las inversiones y la calidad en la prestación del servicio. Cuando un servicio estratégico genera inconformidad social, corresponde al Estado ejercer sus facultades de supervisión con firmeza y apego a la legalidad. La fiscalización no debe interpretarse como confrontación, sino como garantía de transparencia. El acceso al agua es un derecho fundamental que exige eficiencia y responsabilidad.
En otro contexto; en pleno respeto a la autonomía municipal, exhortamos a las autoridades a qué a través de diagnósticos serios y responsables, elaboren sus Planes Municipales de Desarrollo, toda vez que, los plazos corren y la fecha límite para que concluyan con este documento es el mes de abril. Cómo es del conocimiento público, la elaboración de estos Planes es un instrumento técnico que establece las necesidades y acciones que las autoridades se comprometen a llevar a cabo en sus respectivos municipios, por lo que se debe priorizar la atención a obras que beneficien a sectores sociales más vulnerables y de mayor impacto entre la población.
Con respecto a los hechos registrados en Minatitlán, lamentablemente evidencian que el huachicol continúa siendo una problemática de alta incidencia en Veracruz; y con lo sucedido con la creciente violencia en los municipios de Coatzacoalcos, Lerdo de Tejada y Ángel R. Cabada; la compañera gobernadora Rocío Nahle García fue clara al señalar que en el Estado no existe pacto alguno con la delincuencia. En momentos donde la seguridad pública enfrenta circunstancias complejas, fijar una postura sin ambigüedades fortalece la conducción institucional. La violencia no puede convertirse en instrumento de presión para debilitar al Estado ni sembrar incertidumbre en la sociedad. Corresponde actuar con firmeza y sin tolerancia frente a quienes atentan contra la paz. La seguridad no admite titubeos ni complicidades. Es deber irrenunciable del poder público garantizar orden, legalidad y tranquilidad a las familias veracruzanas.
Cabe mencionar que, desde el Partido del Trabajo reiteramos que el caso del exgobernador Javier Duarte De Ochoa representa uno de los ejemplos más graves de corrupción, abuso de poder y daño al patrimonio público en la historia reciente de Veracruz. Consideramos preocupante que no se haya materializado la extradición de su esposa Karime Macías pese a las acusaciones existentes. Este hecho envía un mensaje negativo a la sociedad y refuerza la percepción de impunidad en casos de alto impacto. La ley debe aplicarse sin privilegios y con el mismo rigor para todas las personas. Hacemos un llamado a las autoridades federales y a las instancias correspondientes para que continúen fortaleciendo los procesos legales, agotando todos los recursos jurídicos disponibles y garantizando que no exista espacio para la impunidad.
Por último, expresamos preocupación ante las denuncias ciudadanas sobre la presunta venta de litros incompletos de gas LP en Xalapa, lo que afecta la economía de las familias y pequeños negocios además, se han reportado cilindros en malas condiciones, lo que representa un riesgo para la seguridad de los hogares; por lo tanto, se debe recordar que estas prácticas están prohibidas por la Ley Federal de Protección al Consumidor y pueden ser sancionadas con multas, suspensión del servicio o clausura. Ante esta situación, hacemos un llamado a la Profeco para reforzar los operativos de verificación en las empresas gaseras y garantizar el respeto a los derechos de los consumidores. Hacemos un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad.