El Partido del Trabajo (PT) aplaude y respalda a la gobernadora Rocío Nahle García por su determinación de combatir la corrupción y declarar cero impunidad a funcionarios que han aprovechado sus responsabilidades para robar al pueblo veracruzano; exhortamos a las autoridades del Poder Judicial hacer lo propio para devolver al pueblo lo robado y castigar a los responsables del saqueo al erario público, asimismo, apoyamos sus acciones para ir a fondo en contra de exfuncionarios corruptos que traicionaron la confianza del pueblo veracruzano. Sabemos que hay mucho que hacer; pero hay que denunciar a los malos funcionarios públicos sean de nivel que sean. Es la hora de declarar cero impunidad a la corrupción trate de quién se trate.
El PT reconoce que las decisiones asumidas por la compañera Rocío Nahle García en materia de salud pública responden a la necesidad de fortalecer la conducción institucional en un sector estratégico para el bienestar social. El relevo en la titularidad de la Secretaría de Salud, con la designación de Mariela Hernández García, se inscribe en una lógica de responsabilidad política que privilegia la atención oportuna a las demandas del personal y de la ciudadanía. Este ajuste confirma que el Gobierno del Estado mantiene una disposición permanente para revisar, corregir y reorganizar, cuando las circunstancias así lo exigen, con el objetivo de garantizar estabilidad administrativa y mejores resultados. El PT acompaña esta determinación, convencido de que una conducción firme y sensible permitirá avanzar en la normalización de procesos y en el fortalecimiento del sistema de salud de Veracruz.
En otro contexto, consideramos pertinente la determinación del Congreso del Estado de destinar los recursos del Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje al fortalecimiento de la infraestructura y los servicios vinculados al turismo, como una medida orientada a impulsar el desarrollo económico con una visión sostenible. Esta determinación plantea la posibilidad de que dichos recursos no solo fortalezcan la promoción de Veracruz, sino que se reflejen en beneficios para las regiones, a través de obra pública, generación de empleo y mayor valorización del patrimonio natural y cultural. El establecimiento de un fideicomiso con reglas claras, control especializado y límites definidos en los gastos de operación representa un avance en términos de orden y responsabilidad financiera. El PT considera que una aplicación estratégica de estos fondos contribuiría a consolidar una política turística con mayor impacto social para el estado.
Con respecto a la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) celebramos la decisión histórica de transformarla en una institución pública. Un anuncio realizado por la gobernadora del Estado durante su comparecencia y que hoy se concreta como una realidad para beneficio de miles de estudiantes veracruzanos. Durante años, la UPAV se mantuvo bajo el escrutinio público debido a su modelo de funcionamiento, particularmente por la participación de asociaciones y esquemas administrativos que generaron controversias, dudas sobre la transparencia y una percepción constante de irregularidades. Esta situación afectó la credibilidad de la institución y, sobre todo, la certeza académica y jurídica de su comunidad estudiantil y docente. Con su incorporación plena al sistema de educación pública del estado, la UPAV entra en una nueva etapa que garantiza mayor supervisión, orden administrativo, transparencia en el uso de los recursos y el fortalecimiento de su calidad educativa.
En este mismo contexto, la UPAV nuevamente se encuentra en el centro de un escándalo por graves irregularidades en el manejo de recursos públicos destinados a la educación superior, toda vez que, en días recientes detuvieron a tres funcionarios de dicha institución por presuntos delitos relacionados con el desvío de recursos, peculado y ejercicio indebido del servicio público. Estas detenciones se inscriben en una investigación más amplia que derivó de numerosas denuncias por parte de docentes, estudiantes y autoridades educativas, quienes habían señalado públicamente irregularidades en el pago de salarios, atrasos en prestaciones, opacidad en la administración de fondos y un manejo poco claro de los recursos públicos asignados a la UPAV. Consideramos indispensable que las autoridades responsables lleven a cabo todas las investigaciones necesarias para deslindar responsabilidades, garantizando el debido proceso y la plena aplicación de la ley sin privilegiar a nadie, así como asegurar que los recursos educativos se utilicen con estricto apego a la legalidad y en beneficio de la comunidad universitaria.
Cabe mencionar que, el Partido del Trabajo considera indispensable que las denuncias surgidas en torno al Registro Público de la Propiedad sean atendidas con prontitud, legalidad y total responsabilidad institucional. La certeza jurídica del patrimonio de las y los veracruzanos no admite opacidad ni omisiones, por lo tanto, resulta necesario que las autoridades competentes actúen con rigor, sin simulaciones y sin trasladar responsabilidades a quien no corresponda. El PT sostiene que toda investigación debe conducirse con apego a derecho y que las eventuales responsabilidades se finquen con objetividad y firmeza. Solo así se podrá restablecer la confianza ciudadana en una institución fundamental para el orden jurídico del
Por último, en estricto respeto a la autonomía de los Ayuntamientos de la entidad, deseamos que todos hayan cumplido con la Ley del Municipio Libre que establece que el día de hoy 20 de enero se vence el plazo para que elaboren la Convocatoria para la Elección de Agentes y Sub Agentes Municipales y a su vez la remitan al Congreso del Estado para su aprobación. Este ejercicio democrático que siempre se ha caracterizado por la enorme participación ciudadana, puede darse a través de los métodos de Auscultación, Consulta Ciudadana o Voto Secreto, como lo establece el Artículo 172 de la Ley en mención, misma que hace responsables a los Ayuntamientos para el desarrollo de este proceso cívico. Deseamos que está elección se lleve a cabo en armonía y de manera civilizada entre todas y todos los participantes.