Xalapa, Ver., Martes 24 de febrero de 2026.- El Partido del Trabajo (PT) se congratula con el histórico fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos, la cual determinó la nulidad de los aranceles impuestos de manera unilateral por Donald Trump. Esta medida invalida el uso de aranceles como moneda de cambio o mecanismo de presión en temas ajenos al comercio, práctica que nuestro Partido siempre ha señalado como violatoria de los acuerdos internacionales; esta resolución, es un recordatorio de que ningún mandatario está por encima de la legalidad, ni puede utilizar este tipo de chantaje arancelario para socavar la soberanía de otras naciones o el bienestar de los pueblos.
En el ámbito estatal; damos seguimiento a lo expresado por la gobernadora Rocío Nahle García en relación con el modelo de transporte público en Xalapa, al señalar que su implementación dependerá de que existan condiciones sociales para avanzar. Las inconformidades y manifestaciones recientes confirman que la movilidad urbana no puede transformarse sin consenso ciudadano. Modernizar el servicio es una necesidad impostergable para la capital, no obstante, toda decisión que impacte de manera directa a la población debe construirse con legitimidad y respaldo social. Condicionar el proceso a la opinión pública fortalece la conducción institucional y evita polarizaciones innecesarias. Gobernar también implica escuchar y medir el momento político. El transporte público, por su alcance económico y social, exige responsabilidad, diálogo y visión de largo plazo.
Cabe mencionar que, con la Cuarta Transformación (4T), la vida política, social y económica se ha transformado para la ciudadanía, ejemplo de ello son los apoyos para adultos mayores, jóvenes, estudiantes y la niñez, pero también se ha transformado para bien del pueblo el aparato de impartición de justicia; hoy vemos y somos vigilantes de los órganos de justicia y de quienes se encargan de hacer realidad y dar la razón a quien la tiene, por ello el PT está a favor de la justicia para el pueblo y sobre todo para quienes menos tienen; asimismo, aplaudimos y reconocemos a los órganos de justicia que sancionan a jueces y magistrados como sucedió recientemente con un magistrado por revocar una sentencia para favorecer a una presunta criminal que fue juzgada y sentenciada por haber provocado un daño de grandes proporciones a una familia de carrizal. La ley se aplica sin distingos y sin favorecimientos a las personas que hayan cometido algún delito.
En otro contexto; sostenemos que la gobernabilidad municipal debe preservarse mediante la institucionalidad y el diálogo político. El acuerdo alcanzado en Lerdo de Tejada entre la alcaldesa y el síndico, con la mediación impulsada desde el Congreso del Estado, confirma que las diferencias pueden encauzarse dentro del marco legal. La conducción ejercida por el presidente de la Junta de Coordinación Política, Esteban Bautista Hernández, uno de los mejores cuadros ideológico de la 4T, ha permitido restablecer entendimientos sin que se fracture la vida pública. Este esfuerzo se ha extendido a municipios como Vega de Alatorre, Citlaltépetl, Catemaco entre otros que han abierto espacios de conciliación. Cuando las discrepancias amenazan con afectar la estabilidad administrativa, corresponde actuar con responsabilidad política y apego a la Ley Orgánica del Municipio Libre. La política no es confrontación permanente, es construcción de acuerdos. Preservar la unidad institucional es garantizar que los ayuntamientos cumplan con el mandato popular.
Asimismo, también hay que reconocer que lamentablemente, a casi dos meses en sus cargos edilicios, en otros municipios se sigan presentando problemas internos por la falta de diálogo entre los ediles, lo que augura que en los próximos días se generen denuncias por violencia política, principalmente. Hacemos un llamado respetuoso a las autoridades municipales de Camarón de Tejeda, Paso del Macho, Tantima, entre otros, para mantener un diálogo interno que les permita avanzar en las acciones que tengan considerado llevar a cabo, buscando siempre el bien común de la población que les brindo la oportunidad de estar en sus cargos. Esta situación se presenta en municipios gobernados por autoridades emanadas de diversos partidos, por lo que no es un tema en particular. En este caso, es importante que el Congreso del Estado siga tomando cartas en el asunto en los municipios que se estén presentando estos problemas a fin de evitar que estos escalen a otros niveles.
Con respecto a la designación de Bárbara Galindo Ramos como encargada de Despacho de la Contraloría General del Estado, nos congratulamos por la decisión de la compañera gobernadora Rocío Nahle García por fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Reconocemos su experiencia en la fiscalización de recursos públicos y confiamos en que su labor contribuirá a consolidar mecanismos eficaces de control y vigilancia en beneficio de las y los veracruzanos. Reconoce el trabajo realizado por Ramón Santos Navarro y se le desea éxito en sus nuevos proyectos, reiterando su respaldo a las acciones que impulsen gobiernos honestos y responsable.
Por último, el abasto de agua en Xalapa vuelve a colocarse en el centro de la preocupación ciudadana ante la proximidad del estiaje, periodo en el que históricamente se han implementado tandeos en diversas colonias de la capital. Con la llegada de esta etapa, la ciudad enfrenta nuevamente un escenario conocido: suministro intermitente y servicio reducido durante buena parte del mes. Esta medida, aunque necesaria frente a la escasez, no puede desvincularse del principio elemental de proporcionalidad en el cobro del servicio. No puede mantenerse intacta la facturación cuando la prestación es limitada. Administrar el recurso hídrico implica no sólo distribuirlo con responsabilidad técnica sino garantizar transparencia en las lecturas de medidores y correspondencia real entre consumo efectivo y pago exigido. La Comisión Municipal de Agua y Saneamiento debe prever esta situación con claridad, transparencia y sensibilidad social, ajustando criterios que aseguren trato proporcional a la ciudadanía.