Alberto Xicoténcatl Carrasco, director de la Casa del Migrante en Saltillo, lamentó que las autoridades coahuilenses hayan cambiado la versión del asesinato de un migrante centroamericano, en dos ocasiones.
El director señaló que el homicidio fue presenciado por la hija de ocho años de edad del migrante asesinado y aseveró que es inaceptable que el Estado mexicano tenga una política migratoria queviolente los derechos de los niños.
En entrevista con Gregorio Martínez en el programa de Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, Xicoténcatl Carrasco dejó en claro que es injustificable que las autoridades usen las armas contra grupos de personas migrantes en donde incluso hay menores de edad.
“Hicimos estos hechos delictivos públicos porque las personas que sobreviven a este ataque llegan a laCasa del Migrante en Saltillo y comparten la historia, tuvimos conocimiento a partir de relatos de los vecinos, que fueron testigos fieles de lo que ocurrió. Es nuestro deber como defensores de los derechos humanos creer en la palabra de las víctimas, por eso hicimos este comunicado público”, aseveró.
Alberto Xicoténcatl señaló que ya se pusieron en contacto con los familiares del hombre asesinado y de la menor de 8 años, quien ya se encuentra bajo cuidado de las autoridades en Coahuila.
“Hemos estado en contacto con la familia, hemos hecho los enlaces entre el Consulado y la familia, quienes ya están reclamando a la niña y quieren que vaya con ellos, pero lo que tenemos que cuidar muchísimo como sociedad es que se repare el daño de esta niña, tiene este derecho a que se repare el daño que sufre en este momento”, expresó.
El director de la Casa del Migrante en Saltillo detalló que a raíz de la firma de los acuerdos con Estados Unidos para evitar aranceles, México se ha vuelto un país “con desprecio a los derechos humanos de los migrantes”, razón por la cual exigió una política pública integral para protegerlos.
“Hay que hacer una política mucho más amigable, intentar regularizar el status de estas personas migrantes. Se necesitan una política pública integral: diferentes Secretarías de Estado desarrollando trabajos de colaboración para atender esta problemática, que ya es a nivel mundial. Nos cuesta más la violencia y las violaciones a los derechos humanos que generar políticas públicas de protección, le conviene más al país y el costo económico, político y social es menor”, expuso.
Con información de López-Dóriga Digital